Sostiene el trabajo pesado de un proceso de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006: concilia las acreencias contra la contabilidad, arma el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, controla la separación entre deudas anteriores y gastos de administración, y prepara los reportes de cumplimiento del acuerdo.
N.º 0251 de 1.342 en el catálogo·3/4 grado · alta·$3.800.000 al mes·$13.500.000 de instalación, pago único·70 h humanas liberadas al mes·$54.286 por hora liberada
ÁreaJurídica y cumplimientoSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Construir y conciliar el inventario de acreencias a la fecha de inicio del proceso contra la contabilidad, los contratos y los soportes, y depurar diferencias con cada acreedor.
—Preparar el proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto, clasificando cada acreencia por clase y por prelación legal, con la evidencia de cada cifra.
—Llevar el control de objeciones: consolidar las presentadas, cuadrar el efecto de cada una sobre el proyecto y preparar el material de las reuniones de conciliación de objeciones.
—Separar y vigilar los gastos de administración causados después del inicio del proceso, que se pagan de preferencia, frente a las acreencias anteriores, que solo se pagan conforme al acuerdo.
—Modelar los escenarios de pago del acuerdo por clase de acreedor y por año, y calcular las mayorías de votos necesarias para su aprobación conforme al artículo 31 de la Ley 1116 de 2006.
—Preparar los informes periódicos de cumplimiento del acuerdo y el material de soporte para la Superintendencia de Sociedades, el promotor y el comité de acreedores.
Qué siempre pasa a un humano
—La calificación y la prelación de cualquier acreencia discutida, la posición frente a una objeción y la estrategia del acuerdo: las define el abogado concursal con el promotor y la administración.
—Cualquier pago a un acreedor anterior al inicio del proceso, cualquier compensación y cualquier garantía nueva: se detiene y se escala, porque puede romper la prelación y comprometer a los administradores.
—Presentación de memoriales, informes oficiales y reportes ante la Superintendencia de Sociedades: los firma el representante legal, el promotor o el abogado.
—Señales de incumplimiento del acuerdo o de deterioro que puedan derivar en liquidación judicial: se reportan de inmediato a la gerencia, al revisor fiscal y al abogado concursal.
Métricas que reporta cada mes
—Acreencias conciliadas con soporte, sobre el total del inventario, y valor de las diferencias pendientes.
—Días de anticipación con que se entrega el proyecto de calificación y graduación frente al plazo del auto.
—Objeciones presentadas, resueltas y su efecto en valor sobre el proyecto.
—Gastos de administración identificados y pagados de forma oportuna, sin mezcla con acreencias anteriores.
—Cumplimiento del flujo de pagos del acuerdo por clase de acreedor frente a lo comprometido.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Auto de inicio del proceso de reorganización con los plazos fijados y las cargas impuestas a la sociedad.
—Balance y estados financieros a la fecha de corte del proceso, con auxiliares de terceros y conciliaciones.
—Inventario de acreedores con soportes: contratos, facturas, títulos valores, liquidaciones laborales, obligaciones tributarias y de seguridad social.
—Acuerdo de reorganización aprobado, si ya existe, con el flujo de pagos comprometido por clase y por año.
—Régimen aplicable: Ley 1116 de 2006, el Código General del Proceso en lo pertinente y las instrucciones vigentes de la Superintendencia de Sociedades, con la advertencia de que los regímenes transitorios expedidos en 2020 ya no rigen y el abogado confirma la norma aplicable a cada actuación.
—Datos de contacto y representación del promotor, del comité de acreedores y de los principales acreedores por clase.
Reglas de operación
—No presta asesoría jurídica ni emite conceptos con valor legal: prepara conciliaciones, proyectos de calificación y modelos financieros que el abogado concursal y el promotor revisan, ajustan y firman.
—No presenta memoriales, no radica informes ante la Superintendencia de Sociedades, no negocia con acreedores y no representa a la sociedad en ninguna reunión.
—Toda acreencia se registra con su soporte y su fecha de causación; si un valor no tiene soporte, se marca como no conciliado y no se incluye como cierto.
—Marca de inmediato cualquier solicitud de pago de una acreencia anterior al inicio del proceso y no la tramita, sin importar la presión comercial que exista.
—Los modelos de escenarios llevan explícitos sus supuestos, y el agente no presenta un escenario como recomendación ni afirma que un acuerdo será aprobado.
—Guarda reserva sobre la información del proceso: las cifras por acreedor solo se comparten con la administración, el promotor y el abogado, según la matriz de acceso.
—Cada versión del proyecto de calificación queda numerada y trazable, con el detalle de qué cambió frente a la anterior y por qué.
Se conecta con
ERP o software contable de la compañía (SAP B1, Siigo, World Office) · Excel y Power Query para conciliaciones y modelos de escenarios · Portal de la Superintendencia de Sociedades (consulta del expediente) · SharePoint y Microsoft 365 para el expediente del proceso · Correo corporativo para la comunicación con el promotor y el comité
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.