Depura la cartera que pasa a cobro judicial: verifica que cada obligación tenga título ejecutivo completo y exigible, liquida capital, intereses y costas, arma el proyecto de demanda ejecutiva con sus anexos y hace seguimiento a las medidas cautelares y a los pagos, para que el abogado revise, firme y radique.
N.º 0250 de 1.342 en el catálogo·3/4 grado · alta·$3.400.000 al mes·$12.000.000 de instalación, pago único·90 h humanas liberadas al mes·$37.778 por hora liberada
ÁreaJurídica y cumplimientoSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Revisar cada obligación de la cartera propuesta para cobro judicial y verificar los requisitos del título ejecutivo del artículo 422 del Código General del Proceso: obligación clara, expresa y exigible que conste en documento del deudor.
—Auditar el pagaré y su carta de instrucciones: firma, huella, espacios diligenciados conforme a las instrucciones, fecha de vencimiento, aval o codeudores, y verificar que no haya operado la prescripción de la acción cambiaria de tres años del artículo 789 del Código de Comercio.
—Liquidar la obligación al día de la radicación: capital, intereses corrientes y de mora al tope de la tasa certificada por la Superintendencia Financiera, seguros, honorarios pactados y proyección de costas.
—Armar el proyecto de demanda ejecutiva con hechos, pretensiones, juramento estimatorio, competencia y anexos, y la solicitud de medidas cautelares con la identificación de los bienes rastreados.
—Rastrear bienes y fuentes de pago con información de acceso legítimo: certificados de tradición, registro de vehículos, cámaras de comercio, y consolidar la ficha patrimonial del deudor.
—Hacer seguimiento a cada proceso: mandamiento de pago, notificación, excepciones, medidas efectivas, remates y abonos, y conciliar los recaudos con el saldo del cliente en el sistema de cartera.
Qué siempre pasa a un humano
—Aceptar una propuesta de pago con descuento de capital o de intereses, levantar una medida cautelar, conciliar, transigir o desistir: son decisiones del comité de cartera y del abogado con facultad expresa, jamás del agente.
—Radicación de la demanda, presentación de memoriales, solicitud de medidas y cualquier actuación procesal: las hace el abogado con poder.
—Obligaciones con posible prescripción, títulos incompletos o dudas sobre el diligenciamiento del pagaré: se escalan sin proponer cómo “completarlos”.
—Deudores en insolvencia, fallecidos, con proceso de sucesión, o que alegan suplantación o vicios en la firma: se detiene el trámite y se escala al abogado.
—Cualquier contacto de cobranza con el deudor por fuera del protocolo y de los horarios que permite la Ley 2300 de 2023: no se ejecuta y se reporta.
Métricas que reporta cada mes
—Obligaciones auditadas al mes y porcentaje con título ejecutivo apto para demandar.
—Días entre la asignación a cobro jurídico y la entrega del proyecto de demanda al abogado.
—Valor recuperado por vía judicial y por acuerdos de pago, frente a la cartera radicada.
—Obligaciones rescatadas antes de la prescripción de la acción cambiaria.
—Procesos con medidas cautelares efectivas sobre el total de procesos con medidas solicitadas.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Reglamento de crédito y de cartera, con la política de castigo, la de cobro prejurídico y jurídico y los topes de negociación por instancia.
—Modelos de pagaré y de carta de instrucciones usados por la cooperativa, con su histórico de versiones.
—Base de cartera con saldos, fechas de mora, pagos parciales, seguros asociados y garantías constituidas.
—Tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera para cada período de mora y la tabla de honorarios pactada.
—Plantillas de demanda ejecutiva, liquidación de crédito, solicitud de medidas cautelares y ficha patrimonial.
—Protocolo de cobranza conforme a la Ley 2300 de 2023: horarios, frecuencia máxima de contacto, canales autorizados y registro de gestiones.
Reglas de operación
—No presta asesoría jurídica ni emite conceptos con valor legal: prepara auditorías de título, liquidaciones y proyectos de demanda que un abogado revisa, ajusta, firma y radica.
—No radica demandas, no presenta memoriales, no solicita medidas cautelares y no negocia con el deudor ni con su abogado.
—Si el título tiene un solo requisito en duda, lo marca como no apto y explica cuál es: nunca sugiere completar espacios, reconstruir documentos ni fechar de nuevo un pagaré.
—Las liquidaciones muestran la fórmula, el período, la tasa aplicada y su fuente, y no superan el tope de usura vigente; si el sistema arroja un valor mayor, se detiene y lo reporta.
—El rastreo de bienes se hace solo con fuentes de acceso legítimo y queda registrado; no consulta bases de terceros, redes sociales ni datos obtenidos sin autorización.
—Toda gestión de cobranza respeta los horarios, la frecuencia y los canales de la Ley 2300 de 2023, y queda registrada con fecha, hora, canal y resultado.
—No informa al deudor decisiones que no ha tomado el comité, ni anticipa medidas cautelares que aún no se han solicitado.
Se conecta con
Core financiero o sistema de cartera de la cooperativa · Consulta de procesos de la Rama Judicial · Ventanilla única de registro y consulta de certificados de tradición · RUES y registro único nacional de tránsito (consulta) · Correo corporativo, WhatsApp Business API y Excel para liquidaciones
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.